Desarrollo Institucional y Transparencia

La mejor forma de combatir la corrupción y fortalecer las instituciones es a través de la promoción de un Estado abierto que fomente la transparencia, el respeto por la independencia de los poderes y la participación ciudadana. Las instituciones dan el marco de certidumbre y previsibilidad que necesitan los ciudadanos para tomar decisiones y sentirse seguros. Impulsamos además políticas claras que permitan el involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general en la fiscalización de los actos de gobierno.

+ Código Penal. Modificar el código penal actual para aumentar las penas en los delitos contra la administración pública, agravando las sanciones. El criterio es mayores penas ante mayor responsabilidad del funcionario y cuando el delito afecte la prestación de servicios públicos y programas de asistencia social. + Imprescriptibilidad de los delitos. Otorgarle a la justicia un mecanismo que le permita juzgar y castigar delitos contra la administración pública en casos de corrupción. + Consejo de la Magistratura. Reformar el Consejo de la Magistratura para que exista un mayor equilibrio entre todos los sectores académicos, de abogados, magistrados legisladores y miembros del ejecutivo, y para que respete el mandato de la Constitución. + Juicio de residencia. Establecer un juicio de residencia, donde cada funcionario tenga que hacer un informe judicial previo y posterior a su servicio. + Bienes de corrupción. Decomiso de bienes provenientes de hechos de corrupción. Si no está justificado el incremento en el patrimonio de un funcionario, el Estado tiene la obligación de incautar los bienes. + Comisión especial. Creación de una Comisión Especial para la recuperación de activos provenientes de la malversación en actos de corrupción. + Arrepentimiento de delitos. Reducción de penas para aquellos que brinden información esencial para prevenir o identificar delitos contra la administración pública, siempre que el delito sea igual o más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración. + Ley de Extinción de Dominio. Establecer la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda quedarse con los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, pero que también alcance a los vinculados con actos de corrupción de funcionarios y evasión de privados. + Ley de Ética Pública. Reformar la ley de ética pública para permitir la mayor publicidad de las declaraciones juradas por los funcionarios de los tres poderes gubernamentales y para rediseñar la autoridad de aplicación para su efectivo cumplimiento. + Gobierno abierto. Permitir la publicidad de todas las contrataciones estatales de obras, bienes, servicios y personal, para permitir el control por parte de la ciudadanía. + Organismos de control. Rediseñar los alcances y funciones de los organismos de control, dotándolos de los mejores profesionales en materia de políticas de transparencia. Proponemos jerarquizar el rol de la oficina anticorrupción, garantizando su independencia funcional, y otorgarle mayores atribuciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. + Burocracia estatal. Profesionalizar la burocracia estatal, readecuando el rol del empleado público y poniendo en marcha un plan de desarrollo profesional, con instancias de promoción y capacitación.