Seguridad Ciudadana

La inseguridad no es una sensación, es la realidad que viven diariamente millones de argentinos. A pesar de que Argentina tiene la tasa de robos más alta de Latinoamérica, el gobierno nacional ha optado por ignorar la gravedad de la situación, ocultando las cifras reales de la inseguridad y postergando su solución. Para combatirlo, la Argentina necesita un plan integral de seguridad que incluya acciones preventivas de disuasión (cámaras de seguridad, botón antipánico, policía de proximidad), políticas de inclusión (educación, cultura y deporte) y un comando unificado entre las fuerzas federales, provinciales y municipales de lucha contra el crimen y el narcotráfico.

Nivel Federal

+ Fronteras. Necesidad de estrictos controles de las fronteras por medio de tecnología y bases operativas de las fuerzas de seguridad interior con móviles de rápida respuesta. + Puertos, aduanas, migraciones. Investigar y controlar el desempeño de las empresas que administran en forma privada los puertos, aduanas y migraciones. + Espacio aéreo. Construcción de un “anillo” que controle y evite el ingreso de aviones ilegales a nuestro territorio. Se estima que actualmente hay 100 vuelos ilegales diarios y alrededor de 1.000 pistas clandestinas. + Crimen organizado. Persecución de las finanzas del crimen organizado a través de un proyecto de ley que elimina el dominio del Estado sobre los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero. + Agencia de investigación. Generar una agencia de investigación contra el crimen organizado que permita coordinar los diferentes estamentos gubernamentales e interactuar con agencias internacionales en el marco de un crimen organizado globalizado. + Código penal. Reformar el código penal, aumentando las penas para narcotráfico (perpetua), para los delitos de venta de droga en el marco de una asociación ilícita (perpetua), para los abusos de menores (perpetua) y para los delitos de corrupción (imprescriptibles).

Nivel Provincial

+ Fuerzas policiales. Reestructuración y modernización de las fuerzas policiales, incorporando civiles, procurando mayores niveles de trasparencia y eficiencia, y dotándolos de recursos económicos y operativos. + Descentralización de la justicia. Garantizar fiscalías descentralizadas para realizar investigaciones y recibir denuncias. Descentralizar también juzgados de garantías, defensorías, juzgados de familia, fuero de menores y fiscalías temáticas por municipio. + Tecnología para la justicia. Dotar a los fiscales con herramientas tecnológicas y acceso rápido a las bases de datos públicas y privadas que son fundamentales durante las primeras horas posteriores al hecho delictivo. + ADN criminal. Recolectar muestras de ADN en base de datos para quienes son imputados de delitos criminales que permite un mejor trabajo forense para el esclarecimiento de delitos. + Tecnología i911. Modernizar los sistemas de emergencias 911 para erradicar llamadas falsas y mejorar la capacidad de respuesta con precisión sobre la ubicación del llamante. + Servicios penitenciarios. Generar centros educativos y de capacitación que funcionen en todos los penales, ampliar el sistema penitenciario para terminar con el hacinamiento y utilizar tecnología para erradicar el delito dentro las unidades penitenciarias. + Código de Procedimientos. Revisión de los códigos de procedimientos provinciales para terminar con las morigeradoras y alternativas a la prisión preventiva.

Nivel Municipal

+ Policías municipales. Convertir a la policía municipal en un cuerpo policial de cercanía avocado a la prevención que dependa exclusivamente de los intendentes. + Cámaras de video vigilancia. Instalación de cámaras en los municipios con un mínimo de 1 cámara cada 1.000 habitantes. Obligatoriedad para bancos, boliches bailables y grandes establecimientos comerciales vinculándose las mismas al sistema público. + Centros de operaciones. Monitoreo de las herramientas tecnológicas para prevención y esclarecimiento de delitos a través de un sistema de comunicación que vincule a todas las fuerzas de seguridad y organismos competentes.